DE LAS LEYES Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Cecilia López Montaño
Bogotá, Junio 6 de 2011

 

Existe una gran distancia entre las leyes y las políticas públicas, que este gobierno parece no reconocer y que por su propio bien es bueno que la identifiquen. Con una Unión Nacional en el  Congreso de la República que acaba con la oposición, con los debates de control político, con las grandes discusiones de los proyectos de ley, pasó un número impresionante de propuestas gubernamentales, muchas de ellas de gran importancia para el país. Nadie se atreve a negar que la Ley de Víctimas sea un gran paso hacia otro país y así muchas otras que en la administración anterior quedaron en el tintero.  Pero una cosa son las leyes y otras las políticas y el paso de unas a otras es fundamental y dificilísimo.

Colombia es un país de leyes, lo dice hasta el más novato en estas lides. Y un ejemplo claro de su ineficacia es lo que ha pasado con la equidad de género en este país. Si nos quedamos en los códigos y normas, la mujer colombiana podría ser una de las más protegidas del mundo. Pero pocos países como éste donde los padres ausentes abundan, no obstante todas las normas que protegen a los hijos, que ya no se dividen entre naturales y legítimos; con una completa ley que castiga todas las formas de violencia contra la mujer, en este país este fenómeno crece sin parar y así podría seguir una interminable lista de casos que no deberían permitir que Colombia se esté quedando rezagado en términos de igualdad entre hombres y mujeres. Como este ejemplo hay millones, sobretodo, referidos a la protección de grupos indefensos.

No toda política pública tienen que expresarse totalmente en una ley, que entre otras sale bastante distinta a como la presenta el Ejecutivo, no siempre para bien sino para mal. Muchas leyes salen con nombre propio, el del beneficiario, uno o varios individuos y no necesariamente el país. Una vez diseñada la estrategia puede ser imprescindible una ley para poder ejecutar ciertas acciones que prevé el gobierno, pero lo contrario no siempre es cierto y el caso más patético es lo que está sucediendo con el desarrollo rural. Por haberse obstinado el gobierno en sacar una ley, han pasado nueve meses y solo se conocen pedacitos de una estrategia vital para reactivar un sector estancado, con la mayoría de su gente en la pobreza y con un tercio de su población en absoluta indigencia. Y la famosa ley de desarrollo rural la está haciendo un consultor encerrado en su oficina y llegará a un Congreso lleno de intereses creados. Mientras tanto, el desplazamiento sigue, se atacan inmisericordemente los recursos naturales, no se resuelven los conflictos entre producción agrícola y minería, y los campesinos ahí, como siempre en el abandono.
 
Pero lo contrario también es cierto: que exista la ley no garantiza que haya políticas. Este es el caso más importante ahora con la Ley de víctimas. La ley sí era necesaria porque da una clara señal de que estamos en otro mundo. Basta ver la neura del ex presidente Uribe. Pero recuerden, hecha la ley hecha la trampa en este país de cultura mafiosa. Si no creen, pregúntenle a Valerie. Pero además, poner en ejecución cualquier norma en Colombia que rompa con males tan graves, como la contra reforma agraria que continúa, es una tarea titánica. ¿Cuántos muertos más tendrá que poner el país, el campesinado, más concretamente, en ese proceso de restitución de tierras?

Por el bien del país y del mismo gobierno, tomen ésta y otras leyes, como el paso inicial y no sigan confundiendo leyes con políticas públicas. Por favor, diseñen la estrategia rural antes de que sea demasiado tarde y no se queden en la fiesta de la sanción de la norma con todo y el Secretario de Naciones Unidas a bordo.   

 


Cecilia López Montaño © 1999 - 2013 - Derechos Reservados

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2o. Trimestre de 2011

 
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